El Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, representó a la provincia de Tucumán en el Consejo Federal de Justicia (CoFeJus), que se llevó a cabo en Mendoza y reunió a 22 ministros y ministras de Justicia de diversas provincias. En el encuentro, se creó un espacio de intercambio de ideas y experiencias sobre la situación del ámbito judicial en Argentina.

"Encomendado por el Ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Amado, hemos representado a Tucumán en este Consejo, organismo que nuclea a todos los responsables de cada provincia del área judicial, y presidido por el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona", señaló Albarracín.

Durante su participación, el funcionario fue elegido representante del NOA dentro del Consejo y expuso sobre los avances significativos que ha logrado Tucumán en materia judicial. "Pude exponer sobre la realidad de nuestra provincia, los avances que se han adoptado gracias a la firme determinación política del Gobernador, Osvaldo Jaldo, primero como Presidente de la Legislatura, cuando promovió el nuevo sistema procesal penal, civil y de familia, y ahora como Gobernador también adoptó la decisión de implementarlos", explicó.

Uno de los hitos destacados fue la aprobación e implementación de la ley de narcomenudeo, que permitió a la Provincia intervenir de manera activa en la lucha contra el tráfico de drogas. "El Gobernador tomó la decisión de que Tucumán deje de ser un espectador indiferente ante este flagelo", subrayó Albarracín.

Además, el Secretario resaltó los esfuerzos por modernizar el Poder Judicial en Tucumán mediante la digitalización de los procesos y la aplicación de tecnologías que han permitido agilizar los trámites. "La despapelización y la oralidad han generado una gran cantidad de sentencias y audiencias, facilitando el acceso a la justicia y garantizando una tutela judicial efectiva para los ciudadanos", afirmó.

Albarracín destacó que los avances en Tucumán están alineados con los objetivos del Consejo Federal de Justicia, centrados en generar confianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía.