Mediante una ordenanza que aprobó ayer el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se busca restituir un derecho básico a las víctimas.
Con la presencia de Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a sus víctimas, dependiente de la jefatura de Gabinete; y de Guadalupe Casas, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Gabriel Yedlin, se aprobó ayer en el Concejo Deliberante de la Capital, que preside Fernando Juri, la ordenanza que prevé la inclusión laboral de personas rescatadas del delito de Trata de Personas.
Asimismo, con el acompañamiento de ediles capitalinos, ambos organismos firmaron un convenio para formar a funcionarios y funcionarias en la materia en cuestión y para difundir la línea anónima y gratuita 145, para denunciar casos de Trata.
Vera explicó que “el objetivo de la ordenanza es el establecimiento de cupo laborar para víctimas del delito de trata a fin de que accedan a un empleo digno”.
En la misma línea, contó que desde Nación, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, “se realiza un programa de inclusión y capacitación laboral mediante el cual a las personas rescatadas de la trata se las va formando en oficios mientras se les paga un salario y, concluida esa preparación, el Ministerio busca la manera de incluirlas laboralmente en el ámbito estatal o privado”.
Durante la sesión, acompañaron la referente de del Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas, Gilda Zurita; y el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat.
Al respecto, Casas celebró la iniciativa y destacó que “nos sirve mucho porque nos permite ayudar a reinsertar en la sociedad y en el área laboral a quienes fueron víctimas de trata”. Además, contó que, días atrás, ella y su equipo de trabajo se reunieron con referentes de nación, abordaron el tema de Trata de Personas y acordaron firmar convenios en el marco de dicha problemática.
Por su parte, Zurita resaltó que “la aprobación de esta ordenanza se constituye en una herramienta fundamental que viene a fortalecer el trabajo que viene realizando el equipo de asistencia dependiente de la Secretaría de Niñez, encargado de llevar adelante el abordaje integral a las personas q han atravesado situaciones de explotación sexual”.
Además, opinó que la nueva normativa permite la restitución de un derecho básico, que es la igualdad de oportunidades reflejado en la posibilidad de que estas personas, que en su mayoría son mujeres, puedan acceder a la inclusión laboral que les permita mejorar sus condiciones de vida.