Lo afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, quien preside el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
La producción de azúcar y alcohol es la principal actividad económica de Tucumán y las restantes provincias del noroeste argentino, materializada a través de un complejo sucro alcoholero integrado por 20 fábricas, 16 destilerías de alcohol, 13 deshidratadoras, 8.100 productores cañeros independientes y 60.900 trabajadores empleados en forma directa.
Así lo afirmó el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Juan Luis Fernández, que además preside el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), en una misiva bajo el lema “Tucumán es azúcar- Tucumán es alcohol”.
Defensa de la industria azucarera tucumana
Su viabilidad económica depende críticamente de la existencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, en la medida en que él constituye un instrumento estratégico para proveer el equilibrio imprescindible para el desarrollo estable y sostenido del sector.
Esa política pública, establecida a través de la Ley Nº 26.093, expirará en mayo del 2021, y en estos días se delibera en torno a su prórroga por tres años.
Tenemos vivo registro de la tragedia que sobrevino a la pérdida del Plan Alconafta, a fines de los 80, cuando quebraron varios ingenios. No debemos repetir amargas experiencias.
Toda la Provincia de Tucumán ha empeñado sus mejores esfuerzos para lograr la continuidad del programa de aliento a la producción de bioetanol, en gestiones encabezadas por el gobernador de la provincia, Juan Manzur, con el apoyo de las instituciones ligadas al sector sucro alcoholero y de los representantes legislativos nacionales.
En ese marco, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de prórroga por tres años de la Ley Nº 26.093 en forma unánime, en una clara manifestación del apoyo de todas las provincias a un régimen de promoción que tantos beneficios económicos, socio-productivos, energéticos y ambientales brinda al país, en general, y, en particular, a 10 provincias argentinas en las que se radicaron 54 plantas industriales.
El plenario de la Cámara de Diputados debe tratarlo en su próxima sesión, a fines de este mes de diciembre, y esperamos que los representantes del pueblo ratifiquen el apoyo ya brindado por las provincias al proyecto, sin introducirle modificaciones que dilaten innecesariamente el proceso tendiente a contar con la ley de prórroga de una política cuyo plazo de vigencia expirará en apenas cuatro meses, generando significativos problemas socios económicos.
En estas horas decisivas, resulta ineludible subrayar, una vez más, que en la decisión que la Cámara de Diputados se apresta a tomar se juega parte del futuro de Tucumán y otras nueve provincias argentinas.
