El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este miércoles al proceso de adjudicación de la obra de El Cadillal y aseguró que “fue transparente, legal y constitucional y los estamos haciendo en tiempo y forma”.

En conferencia de prensa, el Primer Mandatario dio detalles de las gestiones y explicó que en 2022 “tuvimos un año normal con respecto al funcionamiento del dique El Cadillal. El problema se empieza a presentar en diciembre y hemos salido a explicar que hoy esa presa, como todas las del país están bajo la órbita del Gobierno nacional, tanto en la explotación, mantenimiento y control de la misma”.

Durante la conferencia de prensa, el Gobernador fue acompañado por el vicegobernador, Sergio Mansilla; la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; el ministro de Economía, Eduardo Garvich; la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós; la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el fiscal de Estado, Federico Nazur; el secretario ejecutivo Médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras; el legislador, Roque Tobías Álvarez; el director y el subdirector de la Dirección Provincial del Agua, Eduardo Saravia y Nicolás Iturre. 

“La Provincia no tiene jurisdicción sobre el dique y teníamos que tomar la decisión de hacer gestiones en Nación o hacernos cargo, previa autorización de los organismos nacionales”, dijo Jaldo en presencia del director y subdirector de la Dirección Provincial del Agua (DPA) y destacó: “optamos por hacernos cargos de la reparación del dique. La inversión la hacíamos nosotros y luego íbamos a reclamar ante las autoridades que correspondan, para que como Gobierno podamos recuperar lo que invertimos”.

“Elegimos esta opción porque sabemos que los meses de enero y febrero son muy complicados para la administración pública y los expedientes no corren como deberían. Y no queríamos arriesgar porque sabemos que hay mucho en juego”, continuó y expresó: “Hoy estamos en condiciones de decirles que fue la decisión acertada. Era la única posibilidad que teníamos como Gobierno de reparar el dique en tiempo y forma y que los tucumanos puedan tener agua y las industrias puedan funcionar”.

En esa línea, Jaldo informó que ya está la adjudicación de la empresa, sin embargo, aun no cuentan con los contratos, ni tienen firmada la documentación ya que está en el control preventivo del Tribunal de Cuentas. “Esta obra y este proceso administrativo tiene un control del Poder Legislativo por eso, mandamos el DNU para que lo analicen y lo aprobaron casi por unanimidad”. “En ese decreto estábamos teniendo el sustento legal y constitucional como Poder Ejecutivo para llevar adelante la adjudicación directa previo cotejo de precios”, contó el Jefe del PE.

Además, informó que “en menos de 40 días hicimos circular un expediente de tal manera que podamos cumplir los plazos. Al dique de El Cadillal hay que repararlo, y tiene que volver a tener los niveles de agua para poder proveerla, porque, si no, no podrá dar los servicios para los que fue creado”

“El expediente está para la aprobación del Tribunal de Cuentas y si todo funciona como está previsto el 15 o 20 de febrero la empresa está trabajando y reparando el dique”, aseguró y concluyó: “A la empresa que le hemos adjudicado la obra, es la única que en cuatro meses y media la hacía. Si no hacemos la obra en ese tiempo, no tenemos la posibilidad de llenar el dique porque de mayo en adelante no llueve tanto”.

Por su parte, el legislador Roque Álvarez dijo: “Estamos dentro de la ley no solo por haber sancionado y aprobado lo del dique El Cadillal. Estamos dentro de la ley porque, en uno de sus artículos, la ley de obra pública establece que, en razones de causa mayor, nos habilitan junto al Gobierno de la provincia, a las adjudicaciones directas y nos liberan de las licitaciones”.

“Desde el Bloque Oficialista, no aceptamos que la adjudicación por concurso de precio sea sinónimo de corrupción, lo negamos rotundamente”, añadió.

“Un proceso licitatorio, según la ley de la obra pública de la provincia, nos lleva alrededor de 156 día y lamentablemente en esa misma ley cuando se cumplen esos días y se va a adjudicar, si viene una empresa que resultó segunda o tercera y señala una falla en el pliego de la empresa que está por adjudicar, se cae todo de nuevo”, explicó y concluyó: “Fíjense todo el tiempo que nos ahorramos. Ahora la obra empezará a mediado de febrero”.