El gobernador Osvaldo Jaldo anticipó que el Gobierno de la Provincia se presentó como querellante en la causa por la que se investiga el robo de agua en Yerba Buena. La presentación ante la fiscalía de instrucción fue realizada por la Fiscalía de Estado en la que el Estado se presenta, simultáneamente, como víctima de estos delitos y como defensor del interés público. 

El robo y desvío de cursos de agua no solo constituyen un ataque directo a los bienes del Estado, sino que también atentan contra el derecho de la población a acceder a un recurso esencial para su vida y desarrollo. Estos actos ilegales perjudican la integridad de los ecosistemas locales, comprometen la calidad de vida de las comunidades y socavan la capacidad del Estado para cumplir con su función de garantizar un entorno saludable y sostenible”, indica el escrito firmado por Leonardo Debono, director judicial de Fiscalía de Estado.

En el escrito, el Gobierno fundamenta que el agua potable es un bien esencial para la vida, de igual modo garantizar un ambiente sano y la protección a las fuentes de agua potable es indispensable para asegurar la calidad de vida y el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. “El ambiente sano constituye un derecho humano de tercera generación que está estrechamente vinculado al cumplimiento de otros derechos humanos, como el acceso al agua potable”, expone.

La fiscala María del Carmen Reuter, acusó formalmente al productor Juan Zamora de haber utilizado mano especializada para apoderarse del agua que se tomaba del río Las Cañas para abastecer a la cisterna de Lomas de Imbaud y llevarla a una laguna que tiene en una propiedad que está a su nombre. En la Casa de Gobierno afirman que quieren llegar al fondo de la cuestión y que la investigación judicial se profundice, en caso de ser necesario. “El Estado provincial está plenamente comprometido a actuar en defensa de los derechos de la ciudadanía y en protección del medio ambiente, asegurando que se tomen las medidas necesarias para restablecer el orden y prevenir futuros daños. 

En tal sentido, nuestra presentación obedece a la necesidad de buscar y sancionar a los responsables de estos graves delitos, sean particulares o funcionarios públicos de cualquier esfera, porque consideramos imprescindible llevar a fondo este tipo de investigaciones penales para la máxima protección del interés general en tanto la necesidad de fomentar un uso sostenible de los recursos hídricos en nuestra jurisdicción”, detalla en el escrito judicial.

Entre otros delitos descriptos en la presentación, además del desvío y robo de agua, figuran aquellos contra la seguridad del servicio público, de estrago público, violación de la Ley General del Ambiente, responsabilidad por daño ambiental.

También se peticiona que se identifique y se cite a declarar a las personas involucradas en los actos delictivos, que se tomen las medidas necesarias para la restauración del curso de agua y la protección de los derechos de los ciudadanos afectados y que se considere la afectación ambiental y se evalúe la posibilidad de restaurar el daño causado.