El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, se reunió esta mañana en Casa de Gobierno con el secretario de Justicia y Derecho Humanos, Mario Racedo, y organismos de derechos humanos de Tucumán para dialogar sobre los ejes centrales en la política de derechos humanos en la provincia.

El pedido del gobernador, Osvaldo jaldo, ha sido atender a las organizaciones de derechos humanos y, en ese sentido, se trató de establecer una reunión con agenda abierta, con consensos sobre temas preocupantes como es la preservación del Pozo de Vargas y de los Arsenales Miguel de Azcuénaga”, detalló Racedo.

En esa línea, también se trataron “cuestiones vinculadas a la violencia institucional, a los pueblos originarios y un capítulo especial sobre los temas ambientales”, añadió el funcionario. 

Por su parte, Lilian Reinaga, de la Asociación de Expresos Políticos de Tucumán y sobreviviente del Operativo Independencia y de la última dictadura cívico-militar, sostuvo: “planteamos desde nuestra perspectiva dar mayor difusión para los juicios, ya que estamos llevando adelante el 15º juicio en la provincia de Tucumán, y la mayoría de la población no está enterada de lo que está pasando”. 

La representante remarcó que a nivel nacional “hay desconocimiento de las nuevas generaciones de lo que ha pasado en nuestro país y eso se traduce políticamente en una situación, no solo de desconocimiento, sino de aceptación de ideas mesiánicas que nos van a llevar como país a una situación sin retorno. En las nuevas generaciones necesitan el conocimiento de lo que ha pasado en una historia reciente, con sus consecuencias, como nuestros familiares aún reclaman por sus niños desaparecidos en cuanto a su identidad”. 

A su turno, Juan José Palacio, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, se refirió a la temática ambiental: “hablamos sobre los altos niveles de contaminación que hay en la provincia y la temática de los pueblos originarios, ya que yo pertenezco a una comunidad de pueblos originarios, acerca de los desalojos, a pesar de que hay una ley que protege”.

Florencia Vallino, directora ejecutiva de Fundación Andhes (Abogadas y abogados del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales), resaltó: “Además de que está sucediendo en este momento el juicio número 15 sobre los delitos de lesa humanidad que se produjeron en la provincia de Tucumán, está en agenda que se lleven adelante las audiencias y el debate oral de otros juicios que todavía están pendientes, en particular, el caso de los delitos cometidos en el ingenio Fronterita, donde se va a conocer a propósito de la complicidad del sector empresarial en los delitos cometidos en el terrorismo de Estado en nuestra provincia”. 

Vallino destacó la respuesta del Gobierno acerca de la agenda planteada: “ha sido de apertura, de acercamiento, de que podamos delinear nuestras propuestas y acercarlas por escrito para que sean tomadas por la nueva gestión y desarrolladas, llevadas adelante y abiertas las puertas a seguir construyendo en ese sentido. Ha sido una reunión muy positiva y esperamos esta línea de construcción colectiva junto a las organizaciones de la sociedad civil sea parte de la agenda central de la gestión”. 

En el encuentro también estuvieron presentes Julio Ramos y Mario Ponce, de Expresos Políticos de Tucumán.