"Destacamos que se logró la apropiación de saberes sobre los principios de igualdad, respeto, acceso a justica, trato digno y no discriminación”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos.
La Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, a cargo de Mario Racedo, que depende del ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo de Regino Amado, organizó días atrás la entrega de certificados de la "Capacitación en Género y Diversidad" en el marco de la Ley Micaela, avalados por el Instituto Provincial de la Administración Pública.
Ésta fue la segunda actividad del año que inicio el 12 de junio y se desarrolló durante cinco encuentros presenciales con evaluación formativa y final.
“Entendemos estas instancias de formación como un compromiso con y por los Derechos Humanos, para que los mismos tengan vigencia efectiva. En carácter de auxiliares de justicia y agentes de atención primaria en los asuntos de vulneración de derechos, agradecemos la participación y compromiso de todas y todos los efectivos policiales. Destacamos que se logró la apropiación de saberes sobre los principios de igualdad, respeto, acceso a justica, trato digno y no discriminación”, aseguró Racedo.
“Agradecemos la participación y compromiso de todos los asistentes y seguimos trabajando por la igualdad, el respeto y el trato digno”, cerró el funcionario.
Los certificados fueron entregados por Racedo, funcionarios de la Dirección de Educación y Difusión de Derechos Humanos, la Fundación Mujeres por Mujeres y el Colegio de Psicólogos.
¿Que es la Ley Micaela?
La Ley 27499 fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante social y del Movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
Capacitarse en perspectiva de género significa comprender las múltiples aristas que componen las violencias y desigualdades de género, y entender que cada acción de gobierno tiene que tener en cuenta el impacto diferenciado en las mujeres y LGBTI+. Es obligación y responsabilidad del Estado, en todos sus estamentos y poderes, formarse en esta perspectiva para promover intervenciones adecuadas, que no reproduzcan y perpetúen prácticas desiguales y violentas.
