Será para quienes estén en los últimos años de carrera en las facultades de Ciencias Económicas y Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y a la Facultad Regional Tucumán de la UTN.
A través de un acta acuerdo firmada entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y las unidades académicas correspondientes, distintos estudiantes podrán realizar sus prácticas profesionales supervisadas en el ámbito del Ministerio correspondiente, incluidas las 12 reparticiones que lo componen.
Los pasantes pertenecerán a las facultades de Ciencias Económicas y Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán y a la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional.
En este contexto, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria, se reunió con los decanos de las facultades que participan de este convenio. En representación de la Universidad Nacional de Tucumán estuvieron el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jorge Rospide; y la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, María Cristina Grunauer de Falú. Por otra parte, por la Universidad Tecnológica Nacional participó el decano Juan Esteban Campos.
El acta acuerdo de pasantía se inscribe dentro del marco de los convenios que el Estado provincial posee con ambas universidades. Con esta resolución, se permite acceder a los estudiantes avanzados que tiene cada institución a una práctica profesional supervisada en el Ministerio recientemente creado. Puntualmente, cada unidad académica aportará 4 estudiantes de nivel avanzado que realizarán sus prácticas hasta finalizar el corriente año.
Así, el ministro Soria destacó la importancia de esta resolución para la formación profesional de los estudiantes. “Fundamentalmente, permite que el estudiante y futuro graduado tenga el conocimiento y la práctica real de lo que va a ser su futura profesión”, declaró.
Según el ministro, en la mayoría de las ocasiones las prácticas profesionales se realizan en instituciones privadas. En este sentido, remarcó que existe “una diferencia entre lo público y privado” y que es muy “oportuno” que “el Estado provincial permita a los futuros profesionales poder acceder a esto”. “Es un ganar-ganar, tanto para el Estado como para las instituciones académicas”, concluyó.
Para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el convenio permite suplir una falta en sus prácticas profesionales. “Nos faltaba precisamente esta área: la práctica profesional del estudiante en las áreas de gestión pública”, precisó Grunauer y reflexionó sobre la importancia de la decisión. “Nosotros, de esta forma le enseñamos a los alumnos que tienen que devolver a la sociedad lo que han recibido gratuitamente de la Universidad pública”.
Campos agradeció la gestión correspondiente al ministro Soria. “Es algo que en su línea de trabajo lo caracteriza. Siempre pensó que las universidades pueden aportar muchísimo a las cuestiones de gobierno y públicas”, expresó. Además, hizo públicos sus deseos de que “esto se replique en otros ministerios” y de que “las universidades comiencen a integrarse a la gestión pública”. La razón principal, según el ingeniero, es que estas pueden aportar a solucionar las necesidades que tiene la sociedad actualmente.
Por último, Rospide confesó estar “muy contento” y describió al convenio como “un aporte muy importante para la formación de nuestros alumnos” que contribuye al Estado “acercando desde la facultad recursos humanos que están en formación”.
En esta línea, el decano precisó que desde hace unos años atrás la Facultad de Ciencias Económicas viene realizando cambios en la formación de sus estudiantes. “Nuestros planes de estudio están incorporando fuertemente la visión de profesionales para la gestión pública. Creemos que es muy importante que nuestra facultad genere recursos humanos calificados que después van a desarrollar su actividad en el sector público, en las organizaciones civiles y en las organizaciones privadas”, concluyó.