El objetivo de este proyecto es que sus pacientes sean incluidos socialmente y retomen su vida laboral, personal y afectiva de forma progresiva. Son dispositivos sanitarios que buscan acabar con el estigma de la manicomialización.
La Casa de Convivencia del hospital Obarrio tiene capacidad para ocho personas. En este momento alberga a seis usuarios que además trabajan en el quiosco del efector.
La coordinadora a cargo, Andrea Spector, resaltó que este es un proyecto de restitución de derechos largamente soñado y que requirió de mucho trabajo y apoyo para hacerse realidad.
“Hoy, después de un año difícil para la humanidad toda, poder agradecer por la posibilidad de ser parte de este proyecto ya es todo un logro. Hace un año atrás los objetivos inmediatos eran acompañar la inclusión de los usuarios en la comunidad. La pandemia vino a exigirnos un cambio en ese sentido. Así fue que, ante la contingencia, tuvimos que cambiar los objetivos y comenzamos a trabajar en el adentro de la ‘Casa’, en la construcción de un hogar, en el establecimiento de lazos afectivos y solidarios, en el cuidado de sí mismo y del otro”, contó Spector.
En este sentido, la profesional resaltó que después de un año los logros en su autonomía han sido enormes y los efectos clínicos también. “En nombre del equipo interdisciplinario quiero agradecer a los usuarios por permitirnos acompañarlos en este gran logro, a la Dirección de nuestro hospital por el apoyo y la gestión de todo lo necesario para sostener este dispositivo y por supuesto al Ministerio de Salud y a la DGSMyA, que en un año con tantas emergencias no dejaron de sostener lo importante y nos permitió seguir adelante”, expresó.
Cabe destacar que la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657) establece que la autoridad de aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria.
Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios; servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas.
