Foto de archivo
La subsecretaria de Control de Gestión del ministerio explicó que se trabaja con lineamientos que tienen en cuenta diferentes aspectos y que implican una colaboración permanente con la Justicia.
Con el objetivo de trabajar de forma integral en el abordaje de la violencia de género, el Ministerio de Seguridad de la Provincia lleva a cabo un plan estratégico específico para fortalecer el tratamiento de esos casos, que abarca varios ejes fundamentales puestos en práctica por distintas áreas de la cartera dirigida por Claudio Maley. En ese marco, este año se brindan siete cursos de la temática, haciendo hincapié en el femicidio y los protocolos institucionales.
La subsecretaria de Control de Gestión del ministerio, Emilia Tarifa, explicó que se trabaja con lineamientos que tienen en cuenta diferentes aspectos y que implican una colaboración permanente con la Justicia.
La subsecretaria de Control de Gestión del ministerio, Emilia Tarifa, explicó que se trabaja con lineamientos que tienen en cuenta diferentes aspectos y que implican una colaboración permanente con la Justicia.
Además de incluir las capacitaciones enmarcadas en la Ley Micaela, se incluyó en el plan de formación anual un programa de capacitación específica permanente que abarcan diversos temas. Dándole prioridad al tema del femicidio como violencia extrema y los protocolos para la toma de denuncias, también se tratan temas como los tipos de violencia; la trata de personas y delitos conexos; el acoso escolar; el acoso callejero; y el protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia”, detalló.
Un segundo eje en el que se trabaja es el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE) impulsado por el Gobierno Nacional. “Si bien está en etapa de desarrollo, Tucumán ya comenzó con el proceso de diagnóstico y a través de profesionales especialistas, se realizó un diagnóstico del sistema actual", afirmó la funcionaria.
"El objetivo es lograr la homogeneización de la actuación del personal policial para la toma de denuncias y la atención a la ciudadanía. Actualmente la toma de denuncias ya se realiza digitalmente y el Sistema URGE unificaría a nivel nacional los datos de todas, permitiendo respuestas más rápidas y con mayor información para la toma de decisiones”, señaló.
Otro recurso es el Centro de Análisis de la Información sobre Delitos y Violencias en Tucumán, inaugurado oficialmente este mes. El centro está enfocado en el análisis estratégico de la información para el diseño de políticas de prevención de la violencia letal y altamente lesiva.
“En un cuarto aspecto está la Mesa Provincial de Género creada meses atrás. Es un espacio de diálogo, cooperación y consulta entre áreas especializadas que persigue la finalidad de garantizar el respeto por los derechos humanos en el accionar de las Fuerza Policial y Penitenciaria e identificar necesidades de adecuación y actualización normativa, promoviendo relaciones laborales libres de violencia, herramientas de gestión y buenas prácticas. En ese sentido estamos trabajando en la actualización de los protocolos para el personal policial involucrado en casos de violencia de género y para aquellas mujeres policías víctimas de violencia”, señaló Tarifa.
Otra herramienta planteada por el Ministerio de Seguridad fue la articulación entre el 911 y el 144 para la derivación de llamadas por situaciones de violencia por razones de género que requieran intervención policial de emergencia. De esta manera, una persona que acuda a la línea nacional 144 será atendida y contenida por profesionales expertos en la temática que derivarán la comunicación al 911 provincial si la situación amerita la intervención inmediata de personal policial, sin necesidad de que la persona llamante corte la comunicación.
Por último, la funcionaria destacó el avance en la colocación de dispositivos duales a acusados de violencia de género, en el marco de la ampliación del convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la provincia para la provisión de más dispositivos de supervisión, monitoreo y rastreo de agresores y víctimas de violencia doméstica, en casos judicializados de alto riesgo de violencia doméstica.
Otro recurso es el Centro de Análisis de la Información sobre Delitos y Violencias en Tucumán, inaugurado oficialmente este mes. El centro está enfocado en el análisis estratégico de la información para el diseño de políticas de prevención de la violencia letal y altamente lesiva.
“En un cuarto aspecto está la Mesa Provincial de Género creada meses atrás. Es un espacio de diálogo, cooperación y consulta entre áreas especializadas que persigue la finalidad de garantizar el respeto por los derechos humanos en el accionar de las Fuerza Policial y Penitenciaria e identificar necesidades de adecuación y actualización normativa, promoviendo relaciones laborales libres de violencia, herramientas de gestión y buenas prácticas. En ese sentido estamos trabajando en la actualización de los protocolos para el personal policial involucrado en casos de violencia de género y para aquellas mujeres policías víctimas de violencia”, señaló Tarifa.
Otra herramienta planteada por el Ministerio de Seguridad fue la articulación entre el 911 y el 144 para la derivación de llamadas por situaciones de violencia por razones de género que requieran intervención policial de emergencia. De esta manera, una persona que acuda a la línea nacional 144 será atendida y contenida por profesionales expertos en la temática que derivarán la comunicación al 911 provincial si la situación amerita la intervención inmediata de personal policial, sin necesidad de que la persona llamante corte la comunicación.
Por último, la funcionaria destacó el avance en la colocación de dispositivos duales a acusados de violencia de género, en el marco de la ampliación del convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la provincia para la provisión de más dispositivos de supervisión, monitoreo y rastreo de agresores y víctimas de violencia doméstica, en casos judicializados de alto riesgo de violencia doméstica.
